El espacio social, las políticas públicas y la participación popular en relación al acceso a la tierra y la vivienda. buenos aires argentina, entre los años 2000-2021

Claudia Fabiana Guebel1/ Matías Laius2/ Guadalupe Colque Vigueras3/

Lucía Guaimas4/Anabella Moglia5/ Julieta Franco6

Social space, public policies and popular participation in disputes over land and housing. Buenos Aires, Argentina, 2000-2021.

Revista Trama

Volumen 10, número 2

Julio - Diciembre 2021

Páginas 17-42

ISSN: 1659-343X

https://revistas.tec.ac.cr/trama

Fecha de recepción: 6 de junio, 2020.

Fecha de aprobación: 24 de marzo, 2021

DOI: https://doi.org/10.18845/tramarcsh.v10i2.6300

El presente artículo tendrá como objetivo analizar el espacio social y su vinculación con las políticas públicas en función de la participación y las disputas en torno a los derechos y garantías de acceso a la tierra y la vivienda digna. Se consideran las tensiones políticas e ideológicas que surgen en la participación popular y la orientación estatal, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A) y parte de la Provincia de Buenos Aires, desde el 2000 a la actualidad. Los períodos temporales son variados, intentando observar con ellos las diferentes políticas públicas puestas en marcha por parte de cada gobierno, en relación con la tierra y la vivienda, y también la participación, disputas y conflictos. Este recorrido es parte del contraste entre las diferentes políticas públicas y las diferentes ideologías que se ponen en evidencia según quien gobierne.

Presentamos el marco conceptual y el enfoque metodológico adoptado que nos acompañará a través del desarrollo del artículo. En este sentido, estructuramos el escrito a partir del diálogo entre la teoría y los casos, siguiendo tres ejes analíticos: “el estado, las políticas públicas, la ideología y su relación con la orientación estatal”, así como la "participación, las disputas y las resistencias" con relación al "acceso a la tierra y la vivienda digna".

En tanto trabajo colectivo, se podrán encontrar parte de los consensos y disensos a los que sometimos los estudios de casos aquí narrados

Palabras clave: Estado e ideologías, participación ciudadana, derecho a la ciudad, territorio, comunidad indígena.

The objective of this article will be to analyze the social space and its relationship with public policies based on participation and disputes regarding the rights and guarantees of access to land and worthy dwelling. The political and ideological tensions that arise in popular participation and state orientation are considered, in the scope of the Autonomous City of Buenos Aires (C.A.B.A) and part of the Province of Buenos Aires, from 2000 to the present. The time periods are varied, trying to observe with them the different public policies implemented by each government, in relation to land and housing, as well as participation, disputes and conflicts. This journey is part of the contrast between the different public policies and the different ideologies that are revealed according to who governs.

We present the conceptual framework and the methodological approach adopted that will accompany us throughout the development of the article. In this sense, we structured the writing from the dialogue between theory and cases, following three analytical axes: “the state and public policies, ideology and its relationship with state orientation”, as well as “participation, disputes and resistance "in relation to" access to land and worthy dwelling".

Key words: State and ideologies, citizen participation, right to the city, territory, indigenous community.

El presente artículo tendrá como objetivo analizar el espacio social y su vinculación con las políticas públicas en función de la participación y las disputas en torno a los derechos y garantías de acceso a la tierra y la vivienda digna. Se consideran las tensiones políticas e ideológicas que surgen en la participación popular y la orientación estatal, en torno a este problema, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y parte de la Provincia de Buenos Aires, desde el 2000 a la actualidad. Los períodos temporales son variados, intentando observar con ellos las diferentes políticas públicas puestas en marcha por parte de cada gobierno, en relación a la tierra y la vivienda, y también la participación, disputas y conflictos. Este recorrido es parte del contraste entre las diferentes políticas públicas y las diferentes ideologías que se ponen en evidencia según quien gobierne en un momento determinado.

Presentaremos el marco conceptual que nos acompañará a través del desarrollo del artículo, así cómo la metodología y técnicas utilizadas. Estructuramos el escrito a partir del diálogo entre la teoría crítica y el estudio de casos, y con tres ejes analíticos: “el estado, las políticas públicas, la ideología y su relación con la orientación estatal”; "la participación, las disputas y las resistencias" y "el acceso a la tierra y la vivienda digna".

Mostraremos que desde el Estado se generan diversas políticas públicas que se enmarcan en determinados momentos históricos, las que son guiadas por ideologías y luchas o intereses de clases, étnicas y/o de género. Políticas públicas que expresan y disputan el espacio social, simbólico y territorial, tanto al interior del Estado, como también en la gestión y aplicación de las mismas. Los procesos de lucha, resistencia y participación, direccionan o sopesan parte de las políticas públicas, mostrando las iniciativas o agencia de los sujetos y colectivos sociales. A la vez, nos permiten observar las lógicas del poder y la dominación, que se juegan en las disputas por la tierra y la vivienda digna.

En tanto trabajo de escritura y reflexión colectiva, es expresión de discusiones e interrogantes que surgieron a partir de interpelar cada uno de los casos entre quienes formamos parte del equipo de investigación. Esos debates nos obligaron a repensar acerca de las concepciones y posturas que cada uno tenía sobre algunos marcos teóricos, para permitirnos desnaturalizar, relativizar y acordar nuevas miradas alrededor de una misma temática. Los consensos se dieron sobre las temáticas y los ejes a abordar. Ciertas discusiones quedaron abiertas para seguir indagando y profundizando, tanto en relación a la teoría que permite reflexionar sobre éstos y otros casos, así como en torno a los marcos ideológicos individuales desde los que se parte, y que, inciden en los debates grupales. Las diferencias centrales se expresaron en torno a la ejecución de las políticas públicas, en el caso de las reurbanizaciones en CABA 7 8.

El espacio social, como categoría analítica, ha sido considerada desde diversas perspectivas teórico metodológicas. Recuperamos las diversas bases conceptuales que permiten reflexionar sobre su carácter social, la relatividad cultural y los procesos históricos y socioculturales que la atraviesan. Se tratará la categoría espacio en términos no sólo físicos-geográficos, sino al modo de expresarse socialmente en el uso de ese espacio social, vinculado en este caso a la organización socio-política y económica -es decir al Estado y sus políticas públicas, y las distintas ideologías que lo sustentan- y cómo se expresa en la construcción de fronteras sociales y distancias sociales, relacionado al poder y la clase social, la tierra y control, ocupación, propiedad o usufructo, el territorio y apropiación y exclusión vinculado a las desigualdades sociales.

Los autores que recuperamos para su tratamiento son los siguientes.

Marx (1973, 1983) desnuda la naturalización e ideologización del espacio, al abordar los diversos modos de producción, el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción en diversas sociedades, para recabar en que las lógicas del capital tienen su origen en la “Acumulación Originaria” (Marx 1973).

Durkheim (1971, 1982) reflexiona sobre el espacio social como una categoría del entendimiento y representación social, con características de universalidad y relatividad, presente en todas las sociedades y que varía en función del modo en que éstas clasifican y organizan el mundo que habitan.

Para Weber (1980, 1992, 1994) al pensar el espacio social tenemos que analizar el poder, su vinculación con la política y las distintas formas de dominación que se expresan y ejercen sobre un determinado territorio.

Bourdieu (1988) señala que el mundo social se presenta como un sistema simbólico, que está organizado según la lógica de la diferencia, de la distancia diferencial. El espacio social tiende a funcionar como un espacio simbólico, un espacio de estilos de vida y de grupos de estatus, caracterizados por diferentes estilos de vida.

Lefebvre (1973, 1974), desarrolla el concepto de “producción social del espacio”, para distinguir entre la producción en el espacio y la producción del espacio, visualiza su condición ideológica y política, para, finalmente, postular el “derecho a la ciudad”.

Harvey (1973,2004,2009) observa el espacio bajo las lógicas del Capital, para abordar los desarrollos “geográficos desiguales” y la “acumulación por desposesión” en dicho modo de producción. Señala que el espacio social es un prisma de observación para entender cómo las clases sociales se segregan entre sí.

Para analizar cómo se manifestaron las políticas públicas en cada uno de los casos abordados y cómo se dio la intervención estatal, consideramos al Estado que, en tanto “comunidad ilusoria”, no está separado de las condiciones materiales y las relaciones sociales (Marx, K. y F. Engels [1845,1846]1973) , sino que está sujeto a las disputas de intereses de clase, género o étnicas en su interior. Por otra parte, la clase que accede al poder del Estado, presenta su interés, su ideología, como si fuera “común” a todos.

El Estado es un actor complejo que materializa su presencia en el espacio y en el territorio, mediante su violencia y ejerciendo su poder (Weber 1980). Esta presencia se materializa mediante agencias o instituciones que asumen la responsabilidad de resolver una parte de la agenda social, mediante acciones.

Las direcciones o acciones estatales, como destacan Oszlak y O’Donnell (2011), pueden ser pensadas como políticas públicas, y consisten en un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado, en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil.

Es importante señalar que la acción estatal es guiada por diversas ideologías, o motivos que la sustentan. En términos de Marx y Engels ([1845,1846]1973) esta ideología, consiste en ideas, creencias o dogmas que se presentan como universales y ahistóricas, cuando en realidad obedecen a intereses particulares, es decir, a los de una clase que ejerce la dominación en un momento determinado. A la vez, la ideología puede ser considerada parte de los esquemas conceptuales que guían la acción y/o manifestación de los sujetos. Shore (2010) destaca que si la función de las políticas es intervenir en lo social y darle forma al mundo, entonces el estudio de las políticas públicas se convierte en un instrumento útil para comprender los motivos que fundamentan dichas intervenciones y las lógicas culturales que las impulsan.

Por otra parte, si las políticas públicas son un proceso social de interacción entre los actores sociales, públicos y privados, para influir en la resolución de un problema colectivo (Oszlak y O’Donnell 2011), es importante mencionar la participación de la población en las políticas, aceptando o resistiendo a las mismas.

Bourdieu (1988, 2007) postula que las luchas más cruciales tienen por apuesta última la política del Estado, que posee un inmenso poder sobre el espacio, gracias a su capacidad de manejar el mercado del suelo. Estas disputas tienen su correlato en términos simbólicos, en las luchas por imponer una visión legítima del mundo social, o luchas por la distribución de los recursos, que son luchas dentro del espacio social.

En dichas tensiones, negociaciones o confrontaciones entre el Estado y la sociedad civil, se expresan la “trama social entre gobernantes y gobernados, en la que todos, con distintos niveles de influencia, eficacia y decisión, intervienen en torno a la definición de lo público, lo común, lo colectivo y lo universal” (García Linera, 2015, p.4).

En cuanto a lo metodológico, para la investigación se utilizó el Método Antropológico-Etnográfico, que consiste en una metodología cualitativa de recolección de información de primera mano, mediante la realización de un trabajo de campo, con entrevistas en profundidad y observación participante (Taylor y Bogdan, 1986; Guber, 2004). También se relevó información de fuentes primarias y secundarias, como leyes y diversos artículos periodísticos. En algunos casos, como la información se recabó durante la pandemia, se recurrió a entrevistas por whatssap, y también se contó con datos e información recabada en internet.

En relación a la participación en el Trabajo de Campo, destacamos que algunos miembros del equipo están embarcados en proyectos de colaboración y co-construcción etnográfica (Achilli 2017, Lenton 2016), en donde los ajustes de investigación e indagación se van reformulando a medida que las poblaciones con las que interactuamos demandan en tal sentido. Mientras que se colabora con sus demandas, deseos y aspiraciones, se trabaja en los ajustes teóricos y metodológicos que permiten incorporar dichas aspiraciones en los marcos conceptuales de la investigación etnográfica.

En campo, la consideración de la categoría “espacio social” es relevante en términos teóricos, pero también metodológicos. Es una categoría conceptual y también es un indicador porque permite rastrear información en el campo y comprender/explicar situaciones, prestando atención a los usos del espacio y su significación. El espacio torna visibles determinadas relaciones sociales (Guebel, 2015).

Por último, mencionamos que en tanto trabajo colectivo, la construcción de este texto requirió la lectura previa de cada uno de los miembros sobre los casos del otro/a, ésto, obligó a poner en consideración del conjunto del equipo los supuestos previos de los cuales partimos, reconsiderar enfoques teoricos y metodologicos e ir ajustandolos en tal sentido. Discusiones que aún permanecen abiertas, ya que las lógicas de concentración del capital, la mercantilización de la tierra y la vivienda, también habilitan espacios de participación, disputas y resistencias que deben ser ponderados en cada uno de los casos abordados.

Para el análisis en C.A.B.A. consideraremos: la Ley N° 324 y el Programa de Recuperación de la Traza de la Ex AU3 en dos momentos entre los años 2000-2007 (con un proceso inclusivo) y los últimos años 2007 al presente (con procesos expulsivos); la reurbanización de algunos Barrios Populares entre los años 2018 al 2021; y el Complejo Habitacional Soldati en los últimos años.

En relación a la Provincia de Buenos Aires, se incluye el análisis de una cooperativa de vivienda con obras en Avellaneda y Quilmes, y la implementación de la Ley N° 26160 en relación a la Comunidad Mapuche de Ñuque Mapu de Campo la Cruz, Junín.

Eje 1: El Estado, las Políticas Públicas y la Ideología

A partir del marco conceptual compartido rastreamos cómo se manifestaron las políticas públicas o estatales en cada uno de los casos abordados. Cuando pensamos el Estado y sus políticas públicas, tenemos que contemplar las maneras en que lo hace el poder ejecutivo (o gobierno a cargo) y qué ideología o intereses de clases guían su accionar. En este sentido, los cambios de gobiernos que se dan en los periodos temporales analizados, dependiendo en cada uno de los casos, nos permitirá explicitar dicha orientación.

CABA: Ex AU3, Reurbanizaciones de Barrios Populares, Complejo Habitacional Soldati

En el caso de la Ex AU3 haremos referencia al Gobierno de Ibarra (2000-2007)9, que tuvo una política inclusiva, de participación ciudadana,del derecho a la Ciudad (Lefebvre ([1968] 1973)) y la vivienda digna, siguiendo a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires10. La Ley 324/199911 creó el Programa de Recuperación de la Traza de la Ex AU3 y comenzó a ejecutarse en el año 2000. Para ello se creó la Unidad Ejecutora, la que llevó adelante la política de soluciones habitacionales, recuperación urbana y recuperación patrimonial. En esta etapa, se privilegió otorgar soluciones habitacionales a los beneficiarios de la Ley, en paralelo a la realización de las otras acciones. En cambio, bajo el Gobierno del PRO/Cambiemos (2007 a la actualidad), la política de acceso al hábitat se centró en la rentabilidad económica y la mercantilización de la tierra urbana. En materia legislativa, se modificó la Ley 324 creando la 3396/200912 privilegiando de este modo la recuperación de los terrenos más valorados -para su venta-, antes que las soluciones habitacionales a los beneficiarios, generando así procesos de expulsión y desigualdad. En este sentido, estos dos gobiernos ejecutan dos políticas públicas con direcciones ideológicas distintas y que resultan en la producción de un espacio social absolutamente contrapuesto. (Lefevbre [1974] 2011); (Sánchez, Robertazzi, Guebel 2020).

Respecto a los procesos de reurbanización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires13 que comenzaron durante la gestión de Horacio Rodriguez Larreta (2015 a la actualidad), queremos destacar la elección de ciertos barrios para ser re-urbanizados. Estos barrios vulnerados están ubicados sobre terrenos de mucho valor actual para el mercado inmobiliario, o están sujetos a obra pública o privada en sus proximidades. Al respecto, surge una pregunta: ¿será la reurbanización una modalidad que permitirá ingresar esas tierras tan valiosas al mercado inmobiliario? Esto es factible dado que, mediante la reurbanización se dan dos procesos paralelos: la urbanización y la regularización dominial (Clichevsky 2012; Guebel 2017) requisitos necesarios para que esas tierras estén dentro de la reglamentación vigente. A través de la legislación se dividen las tierras, y al no tener una restricción total que funcione como protección, puede facilitar para que el título de propiedad entre en el mercado (Bourdieu [1977] 2013), transformándose así la tierra en una mercancía de la cual se apropian los sectores más favorecidos, siendo una herramienta de despojo como señala Marx ([1867]1983) con respecto a la “acumulación originaria” o “acumulación por desposesión” según Harvey (2004). Es decir que, la seguridad jurídica que debería darle a las poblaciones el hecho de la regularización dominial por parte del Estado, puede convertirse en un mecanismo de expropiación de las mismas, mediante la venta de sus tierras/viviendas.

En el Complejo Habitacional de Soldati14 continúa este lineamiento del Estado como expulsor. Desde la adjudicación de las viviendas con el Gobierno de la última Dictadura Militar (1976-1983), el complejo fue sufriendo diferentes formas de degradación, cierre de los locales y una retracción en el habitar de los espacios comunes. Esta reconfiguración social está directamente relacionada con las políticas neoliberales, que tienen su inicio bajo el gobierno de facto y se profundizan en la década de 1990, y que desde el 2007 a la actualidad, continúan acentuándose. Desde la perspectiva que plantean Oszlak y O'Donnell (2011) quienes entienden que las políticas públicas pueden darse por acción u omisión, estas últimas son evidentes en el CHS. Hoy en día, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) es quien está a cargo de acondicionar y mantenerlo, pero “no aparece por el barrio salvo en los años electorales”, dicho en palabras de las entrevistadas. Este abandono histórico, y más aún en el presente, desde el Gobierno de la Ciudad, que anula la garantía del correcto funcionamiento y puesta en valor de dichos edificios, es decir, de ser veedor y actor en pos de una vivienda digna, se contrapone con el accionar de implementar ordenanzas de cambios en los recorridos de líneas de colectivos, ubicándolos por fuera del “Barrio”, sumado a la limitación del funcionamiento del premetro. De esta manera, se observa una limitación de derechos a los habitantes del complejo. Si a esto se le suma la no existencia de hospitales públicos a menos de 4 km15, y la falta de vacantes para la educación inicial y primaria, se materializa la política de exclusión que mencionamos previamente.

Provincia de Buenos Aires: la Cooperativa de Avellaneda, y la Comunidad Campo La Cruz de Junín

En la Provincia de Buenos Aires (PBA), se contempla el caso de la Cooperativa “19 de junio” con oficina en el Barrio Avellaneda. Al analizar su trayectoria, podemos observar cómo las políticas públicas de un Estado benefactor (2003-2015) la favorece, en contraste con un Estado neoliberal (2016-2020), en donde se paralizan las obras. En un primer momento, en el contexto de surgimiento de la cooperativa, se generaron espacios de diálogo y negociación, siendo un “Estado presente”, que desarrollaba políticas habitacionales de índole social, como fue el programa Techo digno16. A este Programa se adhirió la cooperativa en 2015 para gestionar la financiación de la construcción de viviendas bajo la ley 24.46417 . Finalmente, se iniciaron las obras en dos localidades de zona sur, Quilmes y Avellaneda. Obras que fueron paralizadas con el cambio de gobierno (nacional, provincial y municipal) y la asunción de Mauricio Macri a la presidencia (finales del 2015). En su Gobierno, las políticas de vivienda y de acceso al suelo, se dejaron en manos del mercado inmobiliario. Esto, en tanto política pública, por acción u omisión, implicó el abandono de las obras iniciadas en el período anterior, dejando sin respuesta el reclamo de derecho a la vivienda de estos asociados. En el período actual, se está dialogando.

En el caso de la ciudad de Junín, en el territorio indígena de Campo la Cruz, también vamos a visualizar la relación entre Estado y políticas públicas. En las manifestaciones ideológicas de antaño, podemos encontrar la metáfora de civilización o barbarie para justificar la avanzada sobre tierras y bienes indígenas. La comunidad recibe tierras como donación del Estado/Ejército Nacional Argentino en el año 1881, cuando avanzaba sobre territorios comunales, en la llamada Campaña al Desierto, por acumulación originaria. Remitir a dicho período nos permite vincular al Estado en dos procesos, por un lado el despojo de las tierras mediante guerra y rapiña, produciendo un Genocidio Indígena (Bayer y Lenton 2010, Nagy 2012) y por otro, la donación de “dos suertes de chacras”.

Dicho antecedente histórico permite observar desde dónde y cómo se produce la tenencia de las tierras y por medio de qué Políticas Públicas. A 140 años de la donación, aún no se regulariza la propiedad jurídica de dicho bien inmueble. Esta omisión, en tanto política pública, entra en contradicción con lo estipulado en la ley 2616018, del año 2006, que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan”. En el mismo sentido, bajo la Ordenanza Municipal 5277/200719, se declaraba a las tierras patrimonio histórico, cultural y área ecológica a ser preservada. Se les prohibía todo tipo de actividad que afecte el suelo del lugar y a la vez, se les remitió a preservar las pautas y costumbres de sus antepasados indígenas(Laius, Baracetti, Kohn, Mazzei 2018). Su resistencia, de la cual daremos cuenta más adelante, los llevó a gestionar ante otro organismo estatal (INAI) una personería jurídica. En este sentido, la gestión de lo estatal tiene diversas direcciones y divergencias, que pueden sopesar o profundizar las desigualdades históricas.

Eje 2: La Participación, las Disputas y las Resistencias

En todos los casos que analizamos observamos que se dan conflictos y tensiones, participación y resistencia frente a las políticas públicas. Dichas disputas, al interior del espacio social, se producen entre gobernantes y gobernados o en la relación sociedad civil y Estado. La participación, la pensamos vinculada a la organización de los sectores sociales y a cómo intervienen en función de defender sus intereses.

CABA: Ex AU3 y Reurbanizaciones

Retomando el caso de la Ex Au3, rescatamos, en dicho proceso, la participación de distintos signos políticos partidarios, la inclusión de las voces de los/las ocupantes de la Traza, ya sea de los sectores populares y medios empobrecidos y de vecinos propietarios, de clase media y alta en la creación de la Ley 324 y su aplicación. Esta política pública, en plena traza urbana, estaba dirigida a dar una solución habitacional a los sectores populares que habitaban en la Ex AU3, pero también contemplaba la recuperación patrimonial de inmuebles públicos y la recuperación urbana de las diversas zonas que atravesaba. En los años sucesivos a la aprobación de la ley 324/1999 (del 2000 al 2007), continuaron los espacios de participación y el seguimiento de la misma, tanto en la Legislatura como en la Unidad Ejecutora. En cambio, bajo los gobiernos del PRO (desde 2007 a la actualidad), esta modalidad de vinculación entre los distintos actores sociales, se ve interrumpida. La participación de los beneficiarios fue restringida por parte del gobierno local, individualizando y rompiendo los vínculos entre los delegados de la Traza y la solidaridad entre los beneficiarios. Según los beneficiarios, sólo a finales del año 2019, se retomó la participación a partir de vislumbrar un marco político nacional diferente. Lo que les permitió impedir que se vendieran terrenos pertenecientes al sector 4 de la Traza, amparados por la Ley 324 y a su vez, en este nuevo contexto político.

En los procesos de reurbanización, se deben tener en consideración aspectos culturales, sociales, y económicos. Dado que la vivienda nueva no sólo es un cambio de espacio físico sino que implica también una transformación cultural y económica (Bourdieu [1977] 2013), obliga a modificaciones en el espacio a habitar. Es importante considerar a priori, en el diseño y planificación, la necesidad de adaptación que realizarán de las viviendas y los espacios comunes los beneficiarios de las mismas, en función de sus necesidades, vinculadas a su modo y forma de vida. Ésta, como otras tantas acciones que llevan a cabo habitantes para hacer suyos estos nuevos espacios y defenderlos, nos permite pensar como la adaptación de la vivienda es una forma de participación.

En los procesos de reurbanización llevados a cabo actualmente por el IVC, según ese organismo, se tiene en cuenta la participación de la comunidad, en distintas escalas: Urbana, Barrial, Manzana y Vivienda. Para ello existen distintos dispositivos como: la Mesa de Gestión Interministerial, la de Gestión Participativa, la Técnica de Gestión Participativa, la de Trabajo por Manzana y también espacios de organización y adjudicación de las Soluciones Habitacionales y de articulación con instituciones y organizaciones territoriales. Pese a los mecanismos y estrategias de participación mencionados, no todos los beneficiarios pueden participar de los procesos participativos por distintos motivos, a la vez que, muchas veces estos procesos se ven involucrados en las lógicas políticas internas de cada barrio. No alcanza con generar espacios de participación, el Estado debe garantizar la posibilidad de que los beneficiarios puedan acceder a esos mecanismos participativos.

Pvcia. de Buenos Aires: la Cooperativa de Avellaneda, y la Comunidad Campo La Cruz de Junín

La Cooperativa “19 de junio” se organizó con ciudadanos/as que se encontraban ante la problemática de no aplicar a las políticas federales de vivienda social y eran inquilinos, que mediante la organización colectiva, reclaman por el derecho constitucional a una vivienda digna20. Se auto perciben como clase media, no como una clase real, en términos de Marx y Engels ([1845,1846]1973), sino producto de luchas simbólicas respecto al posicionamiento en el espacio social, apelan al capital simbólico, para negociar/demandar ante el Estado, acciones que les permitirá ser propietarios de una vivienda (Bourdieu, 1988). Adhiriendo al programa Techo digno, gestionaron la financiación de la construcción de viviendas, luego de haber adquirido previamente a nombre de la cooperativa dos terrenos. En 2015 comenzó el llamado a licitación de empresas constructoras, seguido de actos y celebraciones en las reuniones. En 2016, con el cambio de gobierno, hubo tratativas con las nuevas autoridades para la continuidad de las obras pero, curiosamente, se paralizaron por pagos atrasados a las empresas constructoras. Esto derivó en acciones y demandas, dirigidas a la municipalidad, organismos provinciales y nacionales, exigiendo la finalización de las obras. En el 2018, por la intervención de los medios de comunicación y la colaboración de concejales del distrito, se reiteró el pedido de la continuidad de la obra, lo que ayudó a visibilizar la situación. Este período de incertidumbre, puede ser leído como un momento liminal, en términos de Van Gennep (2008) ya que da cuenta del período “de paso” hacia la vivienda propia, aún sin resolución.

Para el caso de la comunidad Mapuche de Junín podemos observar diversos mecanismos de participación y resistencias. Como ya mencionamos en el apartado anterior, mediante la creación y gestión de su personería jurídica, buscaron disputar y frenar la implementación de la ordenanza Municipal 5277. Para ello, asistieron a diversas reuniones convocadas en el concejo deliberante. Solicitaron audiencia con el intendente e hicieron público su malestar, entre otras acciones. Según pudimos rastrear a través del trabajo de campo, ellos veían que la intención final de la norma, era un nuevo despojo de sus tierras o cómo visualiza Harvey (2004) una “acumulación por desposesión”. En esta búsqueda de los consensos necesarios para revertir dicha norma, también los llevó a encontrar la solidaridad de otras comunidades indígenas. Estas redes de relaciones que fueron construyendo en el fulgor de la lucha y en defensa de su autonomía, nos habla de una acción participativa.

Hoy en día, la búsqueda de la regularización dominial de las tierras ocupadas, está obligando a la gestión de diversas reuniones comunales para seguir un plan de acción. Dichas instancias de diálogos y encuentros, fueron momentáneamente suspendidas dado el contexto de la actual pandemia. Es una de las disputas principales con el Estado, ya que a la hora de defender su territorio ante la ocupación de un tercero privado, en los tribunales, se les exige el título de propiedad para poder iniciar dicha demanda. Aquí se produce parte de la disputa con y contra el estado, quien les reconoce su preexistencia étnica (art.75,inc.17 CN) pero no la titularidad de la propiedad inmueble. A la vez, mientras se le solicita al Estado que reconozca la propiedad en los términos de la legislación vigente, se le demanda su auxilio para que libere su territorio ante la ocupación de un tercero privado.

Eje 3: El acceso a la tierra y la vivienda digna

El espacio social se manifiesta también en términos simbólicos, como señala Bourdieu (1988), donde confluyen las luchas por las formas que se consideran legítimas de ver y percibir el mundo social. Donde esa lucha simbólica, ideológica, se expresa en la relegación espacial en lo material o en el garantizar el acceso al derecho a la ciudad (Lefebvre([1968] 1973; Harvey 2008) implica a su vez pensar la planificación, ocupación, distribución, uso y acceso a los distintos puntos y servicios.

CABA: Ex AU3, Reurbanizaciones, Complejo Habitacional Soldati

Otro de los casos en que podemos percibir las tensiones sobre los derechos de acceso a la tierra se da en el caso de la Ex AU3, en la ciudad de Buenos Aires, ya que el plan de recuperación de la ex autopista 3, incluyó o expulsó a diferentes habitantes de la misma. Aquí aparece bien marcada la disputa con las diversas gestiones de gobierno y que tipo de planes implementaron para habilitar la inclusión o la exclusión de dichos sectores. Entre los años 2000-2007 (Gobierno de Ibarra) se favoreció la construcción de viviendas para los beneficiarios de la Ley 324, en cambio, entre los años 2007 a la actualidad (Gobiernos de Macri 2007-2015, Rodríguez Larreta 2015 y continúa), se privilegió la venta de terrenos en el mercado inmobiliario, modificándose la Ley 324 por la 3396/2009, y creándose el Parque Donado-Holmberg. A la vez que, durante el año 2019, se intentó poner en el mercado terrenos protegidos por la Ley 324.

Cuando observamos el devenir histórico de las llamadas “villas miserias” o actualmente “barrios vulnerados”, lo incluimos en la categoría de “desarrollos geográficos desiguales” según Harvey (2014), el cual señala que ciertas áreas geográficas tienden a concentrar las riquezas en detrimento de otras. Esto expulsa a ciertas poblaciones, excluyéndolas de los derechos básicos a la tierra, la vivienda y el hábitat y los relega a espacios marginales o marginalizados en la ciudad. Estableciendo sus viviendas sobre un sistema de precariedad. Esta lógica se inscribe en los mismos procesos de reproducción del capital, sin embargo, podemos observar, desde los estudios de casos, que los sujetos sociales activan toda una serie de estrategias para revertir dichas políticas de exclusión.

En el caso del Complejo Habitacional de Soldati, a partir de una política pública de construcción de viviendas sociales, dentro del Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE), incluía sectores que fueron expulsados por la fuerte suba de los alquileres en hoteles, pensiones y conventillos y de terrenos tomados como era el Parque Interama (actual Parque de la Ciudad). Sin embargo, con el devenir de los años, el CHS fue siendo un sector segregado, en términos de Wacquant (2010) por una doble acción: la marginación generada por la omisión del estado, que genera la reacción centrífuga de esos habitantes a retraerse dentro de ese espacio físico.

Pvcia. de Buenos Aires: la Cooperativa de Avellaneda, y la Comunidad Campo La Cruz de Junín

Retomando el caso de “la Cooperativa 19 de junio”, el acceso a la tierra fue posibilitado a través del diálogo con gobiernos provinciales y municipales, en Quilmes (2014) y Avellaneda (2015). Estos terrenos posteriormente fueron cedidos a las autoridades estatales, que en el marco de una política pública, proyectaba la construcción de las viviendas, bajo la modalidad “llave en mano” y que serían abonados por los asociados en forma de hipoteca bajo la ley 24.464 . Sin embargo, si bien las obras comenzaron su curso, su paralización también fue una decisión política, no garantizando el derecho a una vivienda digna demandada por esta organización, siendo este espacio proyectado, un asunto pendiente.

Respecto al acceso a la tierra de la comunidad indígena de Campo la Cruz, ya mostramos cuál fue la normativa estatal que habilitó a esta comunidad tener el usufructo de dicho espacio, un documento de donación y su permanencia en el lugar. El espacio ocupado por la comunidad son unas 106 hectáreas, en las cuales viven 44 familias. La distribución de las viviendas está dada por lógicas internas, la de habitar en los espacios que antaño ocuparon otros parientes. Dichas tierras se encuentran a unos 5 km del casco urbano de la ciudad y los accesos son por calles de tierra. Como manifestamos, poseen una tenencia de la tierra y no el título de propiedad comunitaria indígena, que les permita garantizar, en lo jurídico, la propiedad del bien. En el caso de las viviendas y dado que muchos son productores de ladrillos, hay una autogestión del espacio residencial. Queremos destacar que las distintas instancias de gobierno (nacional, provincial y municipal, como así también su división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial) que deben garantizar sus derechos, son interpeladas por la acción comunitaria indígena, a fin de conseguir una mejor calidad de vida para el conjunto de la comunidad.

A lo largo del trabajo y por medio de los casos analizados observamos las dimensiones espaciales de las relaciones sociales. Lo hicimos mostrando cómo diversos actores sociales disputan los derechos y garantías de acceso a la tierra y la vivienda digna. Qué tipo de políticas públicas pueden impulsar las garantías a tales derechos y cuales los limitan o anulan, o privilegian otras acciones en relación a los sectores populares o a otros sectores sociales. A la vez, hemos ponderado los fundamentos ideológicos que sostienen dichas acciones estatales.

Cuando analizamos las disputas por la tierra en sectores urbanos, pudimos contemplar diversas acciones que las poblaciones llevan a cabo para garantizar su derecho a la ciudad. Observamos que hay una constante tensión entre los derechos y accesos a la vivienda digna y las lógicas mercantiles de la tierra y la vivienda. Mencionamos los cambios de gestión gubernamental para dar cuenta de las direcciones en las políticas estatales. Bajo una gestión se pueden abrir espacios de participación ciudadana, en la que los actores sociales se involucran en la planificación y el diseño de ciertas políticas públicas, y en otra pueden cerrarse. Sin embargo, si dichos espacios de participación se limitan a abrir esas instancias, sin contemplar su verdadera democratización en las decisiones y la participación de la mayoría de los involucrados, son procesos a medio camino.

Lo fructífero del debate y las reflexiones colectivas es que habilitó aperturas; nos obligó a desnaturalizar las categorías desde las cuales veníamos trabajando, y pensar los casos también desde otras concepciones. A la vez, en nuestra mutua interpelación, en esos encuentros y/o desencuentros, abrimos nuevas preguntas y nuevas dimensiones de análisis.

La diversidad de casos considerados, nos permitió observar ciertos puntos de encuentros en relación a los accesos a la tierra y la vivienda, así como también de desencuentros, vinculado a las diversas políticas públicas implicadas en cada uno de ellos, los intereses materiales, simbólicos e ideológicos y las acciones u omisiones por parte del Estado.

A su vez, nos cuestionamos en torno a la participación de los actores, sus demandas, y la habilitación o no de instancias de negociación que inciden en la dirección de las políticas y su implementación, en cuanto al acceso de la tierra y la vivienda.

Nos interrogamos sobre el papel de la legislación para garantizar o no los derechos de acceso a la tierra y la vivienda y la limitación de transferencia al mercado de las tierras en las que se construyeron viviendas sociales.

Los cambios de gobiernos en las diversas gestiones Estatales y sus distintos niveles y las políticas públicas que implementaron, fueron analizados intentando reflexionar sobre las lógicas subyacentes a las mismas: la lógica del mercado en relación al uso del suelo, o la consideración de la función social de la tierra.

Entre los interrogantes que se suscitaron y que quedan para futuras indagaciones, se encuentran los siguientes:

En relación a las políticas de reurbanización nos preguntamos: ¿Cómo impactan los procesos de reurbanización en las poblaciones beneficiarias, en el valor de las tierras que habitan y en los barrios linderos?; ¿Estas políticas públicas terminan siendo funcionales a las lógicas del mercado, o son realmente una solución para las familias?; ¿ En qué medida las llamadas mesas de participación habilitan a direccionar los proyectos de reurbanización en función de las aspiraciones, necesidades y recursos de los habitantes de los barrios populares?.

En relación a la participación, las preguntas a responder en futuros trabajos son las siguientes: ¿Qué características y formas adquiere la participación de la población involucrada en las disputas por la tierra y la vivienda digna? ¿Cuáles son los distintos actores sociales involucrados (organizaciones sociales, étnicas), y cómo interpelan a lo estatal en cada uno de los casos?. ¿Qué sujetos y bajo qué formas disputan lo político, lo simbólico y lo material?. ¿Qué otros puntos de encuentros y desencuentros podemos vislumbrar en los casos analizados, respecto al acceso a la tierra y la vivienda, en relación a la legislación, agentes involucrados, experiencias previas en procesos de participación política, de lucha y/o resistencia, y la presión del mercado inmobiliario?.

Estas preguntas fueron una discusión presente en este trabajo, pero no acabada, por ello nos lleva a nuevas preguntas para continuar avanzando en futuras indagaciones. Por supuesto, que en el camino de un próximo trabajo colectivo, irán surgiendo nuevas cuestiones, acuerdos, disensos, y discusiones que nos llevan a crecer teórica, práctica e ideológicamente.

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