Introducción

La globalización de los mercados agroalimentarios ha transformado las condiciones de producción, comercialización y regulación de los productos agrícolas, incorporando nuevos requisitos asociados a calidad, inocuidad, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. En este contexto, las certificaciones agrícolas han adquirido un papel central como mecanismos que permiten verificar el cumplimiento de estándares técnicos y comerciales cada vez más exigentes (Barrett et al., 2022; Henson & Humphrey, 2010).

El crecimiento de la demanda de alimentos diferenciados ha impulsado la expansión de estándares públicos y privados que buscan garantizar atributos relacionados con trazabilidad, sostenibilidad y cumplimiento social a lo largo de las cadenas agroalimentarias. Estos sistemas se han consolidado como instrumentos relevantes en la organización del comercio agrícola internacional y en la construcción de ventajas competitivas para los sistemas productivos(Lambin & Thorlakson, 2018; Loconto & Busch, 2010).

En países con vocación exportadora, la adopción de certificaciones se vincula estrechamente con la inserción en cadenas globales de valor y con la capacidad de responder a los requerimientos de compradores y mercados de destino. Diversos estudios muestran que los estándares privados operan como mecanismos de gobernanza del comercio agroalimentario, estableciendo condiciones de acceso, permanencia y diferenciación en mercados de alto valor (Barrett et al., 2022; Fuchs et al., 2011).

No obstante, la implementación de certificaciones implica desafíos significativos para personas productoras y organizaciones, particularmente en relación con los costos de implementación y mantenimiento de las certificaciones. La evidencia empírica muestra que los efectos de las certificaciones son heterogéneos y dependen de factores como el tamaño del sistema productivo, el contexto institucional y el grado de articulación con mercados formales (Meemken, 2020; Oya et al., 2018). Asimismo, investigaciones recientes destacan que los esquemas de certificación pueden fortalecer procesos organizacionales y prácticas productivas, pero también generar presiones económicas y operativas a los sistemas de producción agrícolas(Lambin & Thorlakson, 2018).

En el caso de Costa Rica, la adopción de certificaciones ha sido parte de las estrategias de inserción en mercados agroexportadores y del posicionamiento del país en temas de sostenibilidad agrícola. Diversos estudios evidencian que la presencia de sellos y distintivos de calidad como la certificación orgánica, comercio justo, GLOBALG.A.P y Rainforest Alliance, en los principales productos de exportación del país muestran la relevancia en la diferenciación productiva y el acceso a mercados internacionales (Rosales Moya et al., 2022). Sin embargo, persisten interrogantes sobre los factores que impulsan o limitan estos procesos desde la perspectiva de los actores que participan directamente en su implementación y gestión.

Analizar las certificaciones desde un enfoque que considere simultáneamente sus impulsores y barreras permite comprender mejor su papel en la transformación del sector agropecuario. Además, facilita analizar su relación con la competitividad agroexportadora del país. Asimismo, aporta evidencia empírica para el diseño de estrategias sectoriales y políticas orientadas al fortalecimiento de la sostenibilidad y el posicionamiento internacional de la producción agrícola.

El objetivo de esta investigación es analizar los principales impulsores, barreras y efectos organizacionales asociados a la adopción y cumplimiento de certificaciones agrícolas en Costa Rica, a partir de la experiencia y percepción de actores vinculados al sistema agroexportador y a estos mecanismos de diferenciación. Asimismo, se busca comprender el papel de estos mecanismos de configuración de la gobernanza productiva, la inserción en mercados internacionales y la competitividad del sector agrícola.

Referente teórico

En esta investigación, el término certificaciones agrícolas se emplea como categoría analítica integradora que comprende estándares técnicos, procesos de verificación de tercera parte y mecanismos de señalización de mercado, incluyendo sellos y distintivos de calidad y esquemas privados de cumplimiento. Esta conceptualización se alinea con la literatura sobre gobernanza privada en cadenas agroalimentarias, que reconoce la interacción entre estándares técnicos, mecanismos de auditoría y dispositivos de mercado(Fuchs et al., 2011; Loconto & Busch, 2010).

El análisis de los mecanismos de certificación se encuentra en el marco de las cadenas globales de valor (GVC), donde estos estándares operan como mecanismos de coordinación y gobernanza transnacional. En este enfoque, los estándares privados no se limitan a verificar atributos de calidad o sostenibilidad, sino que estructuran las condiciones de acceso, permanencia y diferenciación de mercados de alto valor, definiendo reglas operativas para los distintos eslabones de la cadena(Henson & Humphrey, 2010; Reardon et al., 2019).La expansión de estos instrumentos responde a la necesidad de coordinar actores que están dispersos en zonas geográficas bajo marcos normativos compartidos (Tabe-Ojong et al., 2024).

Desde la perspectiva de la gobernanza privada, las certificaciones y sellos de calidad funcionan como dispositivos regulatorios que trasladan las exigencias normativas desde compradoras y agencias certificadoras hacia personas productoras y organizaciones locales. A través de auditorías, certificaciones de tercera parte y protocolos técnicos, los actores líderes ejercen control indirecto sobre prácticas productivas y administrativas, configurando formas de regulación que complementan o reconfiguran los marcos públicos existentes(Fuchs et al., 2011; Loconto & Busch, 2010; Neilson & Pritchard, 2009). Estudios recientes muestran en distintos contextos que esta gobernanza basada en estándares se ha consolidado como el mecanismo central de coordinación económica y control reputacional en cadenas agroalimentarias globales (Alford et al., 2024; Grohmann et al., 2023; Kruk et al., 2024).

La adopción de certificaciones agrícolas se ha vinculado con oportunidades de desarrollo económico y organizacional. La implementación de estos estándares puede fortalecer la profesionalización productiva, la trazabilidad y la gestión interna de las organizaciones, contribuyendo a mejorar procesos administrativos y técnicos(Lambin & Thorlakson, 2018; Schulte & Abdulai, 2025). Sin embargo, la literatura coincide en que estos efectos son heterogéneos y dependen de factores estructurales como la posición en la cadena, el poder de negociación y el entorno institucional (Meemken, 2020; Rubio-Jovel, 2023;Wätzold et al., 2025).

Un eje central de la discusión científica es la presencia de barreras estructurales que inciden en la adopción y la permanencia de los actores en esquemas de certificación. Entre las principales limitaciones se identifican los costos iniciales y recurrentes asociados a auditorías, capacitación y adecuación tecnológica, así como la complejidad administrativa, vinculada a la trazabilidad y el cumplimiento documental(Ogahara et al., 2022; Schulte & Abdulai, 2025). Investigaciones recientes confirman que los costos de transacción y la carga organizativa continúan siendo determinantes críticos en la decisión de adopción(Marx et al., 2022; Wittman & Ranjan Jena, 2022).

Desde una perspectiva institucional, la adopción de certificaciones agrícolas está influenciada por la disponibilidad de asistencia técnica, financiamiento y coordinación interinstitucional. La literatura indica que contextos con mayor capacidad institucional facilitan la integración estable de personas productoras en esquemas de certificación, mientras que entornos con debilidades estructurales pueden profundizar desigualdades en el acceso y permanencia(Kersting & Wollni, 2012; Ogahara et al., 2022). Esta dimensión institucional resulta clave para comprender la variabilidad de resultados entre países y sectores productivos.

En consecuencia, la discusión actual pasó de preguntarse si las certificaciones generan impactos a analizar en qué condiciones permiten crear valor sostenible y fortalecer la competitividad del sector. La literatura destaca la importancia de articular políticas públicas, capacidades organizativas y estrategias comerciales que permitan convertir el cumplimiento de certificaciones agrícolas en ventajas competitivas sostenibles en el tiempo(Barrett et al., 2022; Schulte & Abdulai, 2025). Las certificaciones pueden interpretarse como instrumentos de gobernanza económica e institucional. Estos mecanismos reconfiguran las dinámicas del comercio agroalimentario global, y su impacto depende tanto de las condiciones de mercado como de las políticas, instituciones que facilitan su implementación.

Metodología

Enfoque metodológico

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de carácter exploratorio-interpretativo, orientado a identificar y analizar los principales impulsores y barreras asociadas a la adopción y cumplimiento de sellos, normas y certificaciones en el sector agropecuario costarricense. Este enfoquepermitió comprender las percepciones, experiencias y dinámicas institucionales que influyen en los procesos de certificación desde la perspectiva de distintos actores. Este enfoque cualitativo permite captar la complejidad contextual y los significados atribuidos por las personas participantes.

Diseño de investigación y técnica de recolección

Se realizaron entrevistas semiestructuradas como técnica principal de recolección de información, dado que permiten explorar percepciones, experiencias y prácticas, manteniendo flexibilidad en la interacción con las personas participantes y facilitando la profundización en temas específicos (Kvale & Brinkmann, 2009). Este formato facilita la comparación entre casos y la identificación de patrones, al tiempo que posibilita la emergencia de categorías analíticas no previstas inicialmente. Las entrevistas se orientaron a explorar percepciones sobre impulsores, barreras y beneficios organizacionales asociados a las certificaciones agrícolas.

Las entrevistas se realizaron de manera virtual entre agosto y noviembre de 2022, con una duración aproximada de 30-45 minutos. A cada persona participante se le explicó el objetivo del estudio y se obtuvo el consentimiento informado y la garantía de confidencialidad. La información fue grabada y posteriormente fue transcrita para su análisis. Los procesos analizados reflejan dinámicas estructurales del sector agroexportador, caracterizadas por cambios graduales y marcos institucionales relativamente estables. Las principales certificaciones estudiadas (certificación orgánica, comercio justo, GLOBALG.A.P y Rainforest Alliance) mantienen continuidad en sus principios operativos y estructura de cumplimiento, lo que permite considerar los hallazgos como analíticamente vigentes para comprender tendencias actuales de gobernanza y certificación en el sector.

Selección de participantes

Se incluyeron empresas exportadoras, organizaciones de personas productoras, personas encargadas de implementación de normas, agencias certificadoras y representantes de cámaras sectoriales e instituciones vinculadas. El criterio de inclusión fue la participación en procesos de certificación o en la gestión de requisitos asociados a la exportación agrícola. La selección de personas priorizó diversidad de posiciones dentro de la cadena de valor, con el fin de obtener distintas perspectivas sobre los procesos analizados.

Las certificaciones consideradas en el análisis corresponden a los principales sellos y normas implementados en el sector agroexportador costarricense, identificados a partir de las entrevistas y del proceso de codificación temática. Entre estas certificaciones se incluyen: Certificación orgánica, Comercio Justo (Fairtrade), GLOBALG.A.P, Rainforest Alliance, como normas principales.

Tamaño de la muestra

Se utilizó el muestreo teórico para determinar la cantidad de participantes, incorporando actores relevantes conforme avanzó el proceso de recolección y análisis de la información con el fin de profundizar en categorías emergentes (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998). El análisis se sustentó en la información proveniente de 16 actores vinculados al sistema de certificaciones agrícolas en Costa Rica: 3 agencias de certificación, 2 personas implementadoras, 3 instituciones o gremios del sector agroexportador y 8 empresas productoras exportadoras. El tamaño de la muestra se definió mediante el criterio de saturación teórica (Guest et al., 2006), entendido como el momento en que la incorporación de nuevas entrevistas no generó categorías analíticas diferentes ni aportó información relevante adicional para la interpretación del fenómeno estudiado.

La saturación teórica se evidenció cuando las entrevistas adicionales comenzaron a mostrar patrones recurrentes en torno a impulsores, barreras y efectos organizacionales asociados a las certificaciones sin generar categorías analíticas nuevas relevantes para el estudio. Este proceso permitió identificar estabilidad conceptual entre los distintos tipos de actores entrevistados, incluyendo empresas exportadoras, agencias de certificación, personas implementadoras y representantes institucionales.

Procesamiento y análisis de la información.

Las entrevistas fueron grabadas previo consentimiento informado, para luego transcribirlas y analizarlas mediante el software de análisis cualitativoNVivoversión 12. El proceso analítico siguió un proceso de codificación temática y categorización conceptual, orientado a identificar patrones recurrentes, relaciones entre categorías y dimensiones analíticas del fenómeno estudiado (Miles et al., 2014). El análisis combinó estrategias de codificación inductiva y deductiva. Inicialmente se definieron categorías preliminares a partir del marco teórico (impulsores, barreras, gobernanza, institucionalidad), las cuales fueron ajustadas y ampliadas mediante codificación abierta a partir de los datos empíricos. Posteriormente se realizó una codificación axial para identificar relaciones entre categorías y construir dimensiones analíticas integradoras.

El procedimiento incluyó lectura exploratoria de las transcripciones, codificación temática inicial, agrupación de códigos en categorías analíticas, identificación de relaciones entre categorías, interpretación de patrones y elaboración de matrices conceptuales. La codificación permitió estructurar dimensiones asociadas a impulsores de certificación, barreras a nivel país y organizacional, beneficios percibidos, diferencias por mercado y rol institucional de las certificaciones.

El uso deNvivofacilitó la sistematización de la información, la trazabilidad del proceso analítico y la organización de los datos mediante matrices de codificación y análisis conceptual.

Para asegurar la calidad del estudio se aplicaron los siguientes criterios: triangulación de actores (personas productoras, agencias de certificación, implementadoras e instituciones y gremios), integración progresiva de nuevas entrevistas bajo el criterio de saturación teórica, proceso de retroalimentación continua entre la recolección y el análisis de datos, presentación agregada y anónima de la información.

Las categoríasidentificadas (anexo 1)se organizaron en torno a impulsores, barreras organizacionales y estructurales, beneficios y diferencias por mercado. Estas dimensiones fueron posteriormente interpretadas a la luz del enfoque de gobernanza basada en certificaciones y del entorno institucional, los cuales operan como marcos analíticos transversales. La gobernanza y la institucionalidad no se constituyen como categorías independientes de codificación, sino como dimensiones integradoras que permiten explicar las relaciones entre actores, las condiciones de acceso a mercado y las restricciones estructurales identificadas en el análisis.

Las citas textuales se presentan utilizando categorías generales de personas entrevistadas para resguardar la confidencialidad de las personas participantes.

Resultados

El análisis temático permitió identificar cuatro dimensiones principales: impulsores de certificación, beneficios organizacionales, barreras estructurales y barreras organizacionales. Estas categorías emergen de manera recurrente en los distintos grupos de actores entrevistados y orientaron la organización analítica de los resultados. El análisis de la información recolectada permitió identificar patrones consistentes en torno a los factores que impulsan y limitan la adopción y cumplimiento de certificaciones agrícolas: la convergencia de percepciones entre distintos actores evidencia que las certificaciones no son interpretadas únicamente como herramientas técnicas, sino como mecanismos estructurales que condicionan la organización productiva, la inserción comercial y la competitividad del sector agroexportador. Luego del análisis de la información recolectada se identificaron subcategorías y códigos que se muestran enel anexo 1.

Impulsores para la implementación de certificaciones

De forma transversal entre los distintos actores entrevistados, se identificó que el principal impulsor para la adopción e implementación de certificaciones es el acceso a mercados internacionales, en particular en aquellos vinculados a cadenas de exportación hacia Europa y Estados Unidos. En este contexto, las certificaciones son percibidas como un requisito operativo para la comercialización más que como un mecanismo voluntario de diferenciación. Esta percepción fue recurrente entre empresas exportadoras e implementadores técnicos. Como señaló una de las personas entrevistadas: “Actualmente, si una empresa no cuenta con determinadas certificaciones, simplemente queda fuera de algunos mercados internacionales” (Empresa exportadora 2).

Los actores entrevistados coinciden en que la implementación de certificaciones contribuye a la organización de los sistemas productivos y administrativos, mediante la incorporación de registros, monitoreo de procesos, control de insumos y control documental. Estos elementos son asociados por los actores con mejoras en la eficiencia organizacional y en la profesionalización del sector agroexportador. En este sentido, una persona implementadora indicó que: “La certificación obliga a ordenar procesos, mantener registros y mejorar trazabilidad; eso cambia completamente la forma de trabajar la organización” (Implementador técnico 1).

Asimismo, se reafirma la importancia del contexto país como facilitador. La legislación costarricense en materia laboral y ambiental, el nivel educativo de las personas productoras y la experiencia acumulada en procesos de certificación son identificados como factores que favorecen la adopción y mantenimiento de estos sistemas. Otro impulsor recurrente es la búsqueda de posicionamiento en mercados exigentes y el reconocimiento internacional de los productos agrícolas costarricenses vinculados a prácticas sostenibles.

Aunque existió consenso respecto al acceso a mercados internacionales como principal impulsor de las certificaciones, se identificaron diferencias entre actores. Las empresas exportadoras enfatizaron requisitos comerciales y permanencia en el mercado, mientras que agencias certificadoras y personas implementadoras destacaron con mayor énfasis los beneficios organizacionales asociados a trazabilidad y control documental. Por su parte, representantes institucionales y gremiales vincularon las certificaciones con sostenibilidad y posicionamiento internacional del sector agroexportador.

Beneficios organizacionales y productivos

Los actores coinciden en señalar que la implementación de certificaciones genera beneficios en la gestión interna de las organizaciones, especialmente en: control de procesos productivos, fortalecimiento de la trazabilidad, mejora en la inocuidad, capacitación personal y organización administrativa y documental. Desde la perspectiva de las organizaciones productivas, estos procesos fortalecen el control interno y la capacidad operativa. Una empresa entrevistada señaló: “Antes no existía un sistema claro de registros; ahora todo queda documentado y eso mejora mucho el control de la producción” (Empresa exportadora 4).

Estos elementos son interpretados como parte de un proceso de profesionalización del sector productivo, en el cual la certificación actúa como un catalizador de cambios organizacionales. Sin embargo, se identifica una transformación en el rol percibido de las certificaciones; el beneficio principal se asocia al acceso y permanencia en mercados internacionales, más que a la obtención de primas económicas diferenciadas. Como señaló una empresa exportadora: “Muchas veces la certificación no significa recibir un mejor precio; más bien es el requisito mínimo para poder seguir vendiendo” (Empresa exportadora 3).

Para efectos analíticos, las barreras estructurales corresponden a restricciones externas asociadas al entorno institucional, regulatorio y comercial que condicionan la implementación de certificaciones agrícolas. Estas incluyen aspectos relacionados con regulación nacional, disponibilidad de insumos autorizados, exigencias internacionales y capacidades institucionales. Por su parte, las barreras organizacionales corresponden a limitaciones internas vinculadas con recursos económicos, capacidades técnicas y gestión operativa de las organizaciones productivas.

Barreras estructurales e institucionales

Una barrera relevante indicada por las personas participantes de esta investigación se relaciona con las restricciones en el acceso y registro de insumos fitosanitarios autorizados, lo que incide directamente en la capacidad de cumplimiento de requisitos técnicos exigidos por estándares internacionales. Esta limitación refleja la interacción entre marcos regulatorios nacionales, exigencias privadas y disponibilidad de tecnología para la producción agrícola. Sobre este tema, una agencia de certificación comentó que: “En algunos casos, el problema no es la intención de cumplir, sino que ciertos insumos autorizados internacionalmente no están disponibles localmente” (Agencia certificadora 2).

También se identificaron como barreras: limitado apoyo institucional en el proceso de certificación, la actualización constante de normas internacionales, la existencia de diferentes interpretaciones de la norma entre certificadoras, tensiones entre estándares privados y legislación nacional. Estas condiciones generan incertidumbre operativa y aumentan los costos de implementación para personas productoras, empresas y organizaciones. Además, algunas personas entrevistadas señalaron dificultades asociadas a la interpretación de estándares internacionales: “A veces diferentes auditorías interpretan la norma de manera distinta y eso genera incertidumbre para las empresas” (Empresa exportadora 5)

Barreras organizacionales y productivas

A nivel organizacional, se identifican limitaciones asociadas a los recursos económicos necesarios para implementar y mantener las certificaciones, así como la inversión en infraestructura, capacitación y gestión documental. Los costos recurrentes fueron mencionados como una de las principales dificultades para sostener las certificaciones en el tiempo. Según una persona entrevistada: “No es solo pagar la auditoría; también implica capacitación, infraestructura y tiempo administrativo todos los años” (Empresa exportadora 1).

Para personas productoras o empresas que ingresan por primera vez a estos sistemas, la adaptación a la cultura de mantener registros, monitoreo y cumplimiento normativo constituye una barrera inicial relevante. En particular varias organizaciones señalaron dificultades relacionadas con la adaptación administrativa: “Lo más difícil al inicio fue acostumbrar al personal a registrar absolutamente todo” (Empresa exportadora 6). Se menciona también la disponibilidad de personal capacitado y la rotación laboral como factores que inciden en la continuidad de los procesos de certificación. De manerarecurrente, los actores señalan el escaso reconocimiento económico por parte del mercado hacia los esfuerzos asociados a la certificación, lo que refuerza la percepción de que estas funcionan principalmente como requisitos de acceso comercial.

También se observaron diferencias entre personas entrevistadas respecto a las principales barreras asociadas a la certificación. El personal de empresas exportadoras enfatizó principalmente los costos económicos, la carga administrativa y la necesidad de sostener inversiones constantes en infraestructura y capacitación. Contrario a esto, las agencias certificadoras señalaron con mayor frecuencia dificultades relacionadas con la interpretación de normas y la adaptación continua a cambios en estándares internacionales. Por su parte, representantes institucionales identificaron limitaciones asociadas a capacidades de acompañamiento técnico, articulación institucional y acceso a herramientas regulatorias para facilitar los procesos de certificación.

Estos hallazgos refuerzan la interpretación de que la adopción de certificaciones está mediada por capacidades organizativas y recursos económicos diferenciados, lo que puede profundizar brechas entre actores con distinta escala y nivel de capitalización dentro del sector agroexportador.

Diferencias por mercado y transformación del rol de las certificaciones

Las entrevistas permiten identificar diferencias en las exigencias según el mercado destino. Se reconoce una mayor orientación ambiental y social en mercados europeos, donde las certificaciones vinculadas a sostenibilidad, trazabilidad y responsabilidad social adquieren un peso importante en los requisitos comerciales. Contrario a esto, el mercado estadounidense presenta énfasis más marcado en inocuidad, control de residuos y cumplimiento técnico-operativo asociado a seguridad alimentaria y eficiencia logística. Estas diferencias fueron identificadas claramente por las personas entrevistadas. Una persona entrevistada explicó que: “Europa pone mucha atención en temas ambientales y sociales, mientras que Estados Unidos se enfoca más en inocuidad y residuos”. Se evidencia además que estas diferencias condicionan las estrategias de certificación adoptadas por las empresas exportadoras y modifican prioridades de inversión, cumplimiento y gestión productiva dentro de las cadenas agroalimentarias.

En conjunto, los resultados muestran una evolución en el rol de las certificaciones, que pasaron de ser instrumentos de diferenciación competitiva a condiciones estructurales de acceso y permanencia en mercados globales. En este contexto, las certificaciones no operan únicamente como herramientas técnicas, sino también como mecanismos que organizan relaciones productivas y comerciales dentro de la cadena. Esta transformación fue sintetizada por una persona entrevistada al indicar que: “Las certificaciones dejaron de ser una ventaja competitiva opcional y pasaron a convertirse en condiciones de permanencia en el mercado” (Representante institucional 1).

Discusión

Los hallazgos permiten comprender las certificaciones como mecanismos de gobernanza económica dentro de las cadenas agroalimentarias globales, al condicionar prácticas productivas y reglas de inserción comercial. Esto coincide con enfoques de cadenas globales de valor y gobernanza privada que destacan el papel de los estándares en la coordinación económica transnacional (Fuchs et al., 2011; Gereffi et al., 2005; Ponte, 2019).

El acceso y permanencia en mercados internacionales se consolida como el principal impulsor de las certificaciones agrícolas y refuerza dinámicas de gobernanza lideradas por compradores y cadenas globales de valor. Esto coincide con estudios que demuestran que los estándares privados operan como condicionantes de acceso al comercio agroalimentario internacional (Henson & Humphrey, 2010; Oya et al., 2018).

Asimismo, los hallazgos evidencian diferencias en las exigencias de certificación según el mercado de destino, particularmente entre Europa y Estados Unidos. Mientras los mercados europeos tienden a priorizar estándares vinculados a sostenibilidad ambiental, trazabilidad y responsabilidad social, el mercado estadounidense presenta mayor énfasis en inocuidad. Estas diferencias reflejan dinámicas diferenciadas de gobernanza dentro de las cadenas agroalimentarias globales y coinciden con estudios que señalan que los estándares privados responden a prioridades regulatorias y comerciales específicas según el contexto y mercado de destino (Fuchs et al., 2011; Henson & Humphrey, 2010; Reardon et al., 2019).

La certificación también se asocia a procesos de profesionalización organizacional vinculados a trazabilidad, control documental y fortalecimiento administrativo. Sin embargo, el estudio evidencia que estos beneficios no siempre se traducen en primas económicas directas, sino que actúan sobre todo como mecanismos de cumplimiento y competitividad, lo que coincide con hallazgos que destacan la heterogeneidad de impactos dependiendo del contexto institucional y escala productiva (Blackman & Rivera, 2011; Oya et al., 2018; Romano et al., 2026; Wätzold et al., 2025).

En cuanto a las barreras, los resultados coinciden con la literatura internacional en señalar que los costos de implementación, la complejidad administrativa y las exigencias técnicas constituyen obstáculos importantes, en especial para pequeñas y medianas personas productoras (Marx et al., 2022; Ogahara et al., 2022). A esto se suman limitaciones específicas del contexto nacional, como restricciones en el acceso a agroquímicos autorizados y la necesidad de inversiones constantes en infraestructura y capacitación. Estas restricciones reflejan tanto limitaciones organizativas como condiciones estructurales del entorno institucional, lo que refuerza la idea de que la adopción de certificaciones agrícolas no depende únicamente de decisiones individuales, sino de recursos disponibles y reglas que organizan el sector.

Los resultados de la investigación sugieren que las certificaciones trasladan parte de los costos de cumplimiento hacia las personas productoras, quienes deben asumir inversiones en infraestructura, gestión documental y adaptación técnica para mantener el acceso a mercados. Esta situación fue reconocida por personas clave del sector, quienes señalaron que “el costo de cumplir siempre termina recayendo más sobre el productor” (Empresa exportadora 2). Esto coincide con estudios de cadenas de valor y gobernanza privada, que evidencian una distribución desigual de costos y beneficios regulados por estándares agrícolas, donde los eslabones iniciales asumen proporcionalmente mayores cargas de cumplimiento (Ponte & Daugbjerg, 2015; Nadvi, 2008; Neilson & Pritchard, 2009; Wätzold et al., 2025).

Asimismo, la investigación evidencia que la adopción de certificaciones presenta una relación fuerte con factores institucionales y regulatorios. Si bien algunos países muestran ventajas asociadas a marcos normativos consolidados y trayectorias en sostenibilidad y trazabilidad, la literatura señala que la capacidad regulatoria, la coordinación interinstitucional y la asistencia técnica continúan siendo determinantes clave y persistentes obstáculos para la implementación efectiva en contextos agrícolas (Ansah et al., 2025; Berihun & Gutema, 2025). Este patrón coincide con estudios que indican que la adopción de estándares privados y la inserción en cadenas globales de valor están fuertemente condicionadas por el entorno institucional, las capacidades regulatorias y los arreglos de gobernanza locales (Ogahara et al., 2022).

Los hallazgos evidencian que las capacidades institucionales influyen directamente en la sostenibilidad de los procesos de certificación agrícola. La disponibilidad de asistencia técnica, coordinación institucional y mecanismos de acompañamiento condicionan la capacidad de las organizaciones para sostener el cumplimiento normativo, particularmente en sistemas productivos de menor escala. Esto sugiere que la competitividad agroexportadora depende no solo de capacidades empresariales, sino también de entornos institucionales que faciliten la adaptación a las exigencias de los mercados internacionales (Barrett et al., 2022; Kersting & Wollni, 2012; Ogahara et al., 2022).

En conjunto, la evidencia permite interpretar las certificaciones agrícolas como parte de procesos más amplios de transformación estructural del comercio agroalimentario, en los cuales las certificaciones cumplen funciones de coordinación, diferenciación y regulación de mercados (Gereffi et al., 2005; Ponte, 2019) donde convergen dinámicas de mercado, regulación privada y marcos institucionales nacionales. Su impacto no depende únicamente del diseño de las certificaciones agrícolas, sino de la interacción entre estructuras de poder en la cadena, capacidades organizativas y políticas públicas que condicionan su implementación, lo que sugiere la necesidad de enfoques diferenciados según contexto sectorial y territorial.

Conclusiones

La evidencia empírica obtenida en esta investigación sugiere que las certificaciones representan tanto una oportunidad como un desafío para el sector agropecuario costarricense. Si bien fortalecen lainserción en mercados globales y promueven mejoras organizacionales, también generan presiones económicas y técnicas que requieren respuestas coordinadas desde la política pública y el sector productivo. Las certificaciones no solo tienen implicaciones sectoriales, sino que forman parte de procesos más amplios de gobernanza económica del comercio agroalimentario.

Los hallazgos indican que, en el contexto analizado, las certificaciones evolucionan de instrumentos de diferenciación comercial a constituirse como requisitos crecientes de acceso y permanencia en determinados segmentos del mercado internacional. En este sentido, operan como mecanismos relevantes de organización y coordinación dentro de las cadenas agroexportadoras, al influir en las decisiones productivas, prácticas administrativas y estrategias comerciales.

El aprovechamiento estratégico de las certificaciones requiere políticas públicas, coordinación sectorial y fortalecimiento de capacidades productivas que permitan transformar el cumplimiento normativo en ventajas competitivas sostenibles. De lo contrario, existe el riesgo de que las certificaciones se consoliden únicamente como un requisito necesario para vender, sin traducirse necesariamente en beneficios económicos adicionales para las personas productoras. Futuras investigaciones podrían profundizar en el análisis comparado entre sectores y países para identificar en qué condiciones las certificaciones pueden traducirse en mejoras distributivas más equitativas y en ventajas competitivas sostenibles de largo plazo.