e-Agronegocios
Revista electrónica publicada por el Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial, la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios y el Programa de Posgrado en Gerencia Agroempresarial de la Universidad de Costa Rica, 2060, San José, Costa Rica.
e-Agronegocios
Revista electrónica semestral, ISSN-2215-3462
Volumen 2, número 1, ensayo 1
Enero-junio 2016
Publicado 1 de enero, 2016 https://sites.google.com/site/eagronegociosucr/
Fernando Morales-Abarca Miguel Céspedes-Araya
Hacia una política pública de planificación de largo plazo en Costa Rica: situación actual y desafíos
Fernando Morales-Abarca1, Miguel Céspedes-Araya2
RESUMEN
El artículo tiene como objetivo la descripción y análisis de la situación actual y desafíos de la política pública de planificación del Gobierno de Costa Rica. La situación actual de la política pública de planificación del Gobierno de Costa Rica se caracteriza por ser de corto y mediano plazo, es decir, se apoya en normas jurídicas que les otorgan a los planes de desarrollo una vigencia que abarca de 3 a 4 años. Esta condición, forma parte de lo que se puede denominar un “círculo vicioso” de la política pública de planificación, que se manifiesta en una desarticulación entre los fines sustantivos, las acciones y plazos de las políticas públicas vigentes y el contenido y alcance temporal del plan nacional de desarrollo del gobierno. Entre los principales desafíos identificados para cambiar esta condición de “círculo vicioso” se plantea la necesidad de llevar a cabo una reformulación integral en la ley de planificación existente, que permita a la administración pública contar con una “Política de Estado” en materia de planificación nacional que promueva la articulación de las políticas públicas vigentes con el contenido y alcance de largo plazo del plan estratégico de desarrollo del Estado costarricense.
Palabras claves: Política pública de planificación. Planificación de largo plazo. Política de Estado en planificación. Planes nacionales de desarrollo.
Fecha de recibido: 02 de setiembre del 2015 Fecha de aprobado: 05 de octubre del 2015 Fecha de corregido: 26 de octubre del 2015
1 Economista y Administrador. Docente e investigador UCR-UNA, luis.morales@ucr.ac.cr
2 Planificador y Administrador. Académico EPPS-UNA, miguel.cespedes.araya@una.cr
Towards a planning public policy of long term in Costa Rica: current situation and challenges
ABSTRACT
The article aims at the description and analysis of the current situation and challenges of public policy of the Government of Costa Rica's planning. The current situation of the public policy of the Government of Costa Rica's planning is characterized for being short and medium term, for example, relies on legal rules that give development plans a force comprising of 3 to 4 years. This condition is part of what can be called a "vicious circle" of public policy of planning, which manifests itself in a disarticulation between the substantive purposes, actions and deadlines for the current public policies and content and temporal scope of the national development plan of the Government. Among the main challenges identified to change this condition of 'vicious circle' arises the need to carry out a comprehensive reformulation in the law of existing planning, enabling Government to having a "policy of State" about national planning that promotes the articulation of public policies in place with the content and scope of the long-term strategic plan of development of the Costa Rican State.
Keywords: Planning public policy. Long-term planning. State policy of planning. National development plans.
INTRODUCCIÓN
En esta sección se presenta, por un lado, un breve estado de la cuestión en materia de planificación y, por otra parte, los principales elementos de una política pública de planificación nacional.
Breve estado de la cuestión en materia de planificación nacional. Ordóñez (2010 y 2013), en su calidad de director de la Asociación de Estudios para el Futuro y del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, junto con su equipo de investigadores, ha estudiado el tema de la planificación, presupuestación y evaluación de las políticas públicas en Costa Rica, y propone que debe darse una integración entre los procesos de planificación, presupuesto y evaluación de los programas y políticas públicas del gobierno. La Asociación de Estudios para el Futuro (2010) elaboró un anteproyecto para la formulación de una Ley marco de planificación, presupuestación y evaluación de la función pública en Costa Rica, en la cual se refuerza la idea de la articulación de los planes, presupuestos y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Meoño (2011 y 2012) realizó estudios con respecto a la planificación del desarrollo en Costa Rica, así como de los procesos de dirección, planificación, políticas públicas y reforma del estado en Costa Rica, en esos estudios analiza la evolución del proceso de planificación en Costa Rica y establece sus principales fortalezas y debilidades. Por su parte, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica elaboró una memoria institucional titulada 50 años de la planificación en Costa Rica (Mideplan, 2013b), en la cual
se presenta los principales logros y resultados obtenidos por la institución entre 1963 y el 2013; además, el Ministerio de Planificación publicó el marco legal vigente relacionado con el sistema nacional de planificación en Costa Rica (Mideplan, 2013a), en este documento destaca el contenido de la ley nacional de planificación y del reglamento sobre el sistema nacional de planificación en Costa Rica.
Política pública de planificación nacional. Por un lado, la política pública hace referencia a las interacciones, alianzas y conflictos entre actores públicos y privados, en un contexto institucional determinado, con el fin de resolver un problema colectivo que requiere de una acción concertada (Subirats et al., 2008). Por otra parte, en el diccionario de la lengua española (Real Academia Española, 2015) se define la planificación como el plan general, metódicamente organizado y de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado. Además, Martínez (2009) considera que la planificación es el cálculo sistemático que relaciona el presente con el futuro y el conocimiento con la acción…es lo contrario a la improvisación. Si se articulan estas definiciones, se puede considerar que, en términos generales, la política pública de planificación comprende en un conjunto de decisiones y acciones que permiten, a las instituciones de la administración pública, llevar a la práctica los fines, objetivos y metas del gobierno, en un plazo determinado, con el fin de atender y de resolver demandas específicas de la sociedad.
Elementos de la política pública de planificación nacional. La política pública de planificación comprende el conjunto de programas, proyectos y actividades que permiten al gobierno el logro de los objetivos y metas establecidas en su propuesta o plan de acción. Entre los principales elementos que constituyen la política pública de planificación nacional se encuentran los aspectos legales, la estructura organizativa y los planes nacionales contemplados en la normativa jurídica vigente.
DESARROLLO
El marco legal de la política pública de planificación en Costa Rica.
Breve descripción del marco legal. La política pública de planificación del Gobierno de Costa Rica se apoya, fundamentalmente, en el decreto legislativo no. 5525, denominado Ley de Planificación Nacional, aprobada en 1974, y en el decreto ejecutivo no. 37735-PLAN, titulado Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el 2013. Además, existen otras normas jurídicas que acompañan el cumplimiento de las anteriores, entre las cuales se encuentran la Ley General de la Administración Pública (no. 6227), la Ley
de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (no. 8131), y la Ley de Contratación Administrativa (no. 7494).
Principales debilidades del marco legal. Entre las principales debilidades se encuentran las siguientes; por un lado, la existencia de “normas jurídicas necesarias más no suficientes”. Aunque es compartida la idea de que, en un “Estado de Derecho”, deben existir las normas jurídicas necesarias para la formulación, aprobación e implementación de las políticas, planes y programas públicos del gobierno, su existencia no es sinónimo de que se produzca una condición suficiente que garantice una adecuada formulación, aprobación, integración e implementación de esas políticas, planes y programas públicos. Por ejemplo, la Ley de Planificación Nacional, en su artículo cuatro, establece que el Ministerio de Planificación tiene la responsabilidad de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), sin embargo, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo se apoya en un frágil decreto ejecutivo (Ordóñez, 2013:194), el cual tiene un alcance o vigencia de 3 a 4 años, por lo tanto, no tiene un carácter estratégico y de largo plazo, debido a que en cada cambio de gobierno se establece un plan nacional de desarrollo distinto, en su forma y contenido, el cual la mayoría de las veces no toma en cuenta las metas y acciones establecidas en el plan anterior, lo cual produce una ruptura entre las políticas y programas públicos de una nueva administración con respecto a la anterior.
Por otra parte, en cuanto a la jerarquía de las normas jurídicas en Costa Rica, la Ley General de la Administración Pública, en su artículo sexto, establece la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico, en la cual queda claro que las leyes aprobadas por el Poder Legislativo tienen un rango superior con respecto a los decretos y reglamentos del Poder Ejecutivo, en este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo tiene el rango de decreto ejecutivo, por lo tanto, algunos contenidos del Plan no siempre serán de acatamiento obligatorio para aquellas instituciones públicas que tengan bajo su responsabilidad programas y proyectos que gocen de un rango superior en la jerarquía del ordenamiento jurídico, este es el caso de aquellas políticas y programas públicos creados a partir de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Esta situación, en la cual el PND tiene un rango inferior al de otras políticas y programas de la administración pública, representa una debilidad o desventaja del PND, derivada del rango de decreto ejecutivo que posee el Plan Nacional de Desarrollo en la jerarquía de las normas jurídicas vigente en Costa Rica.
Estructura organizacional encargada de la gestión de la política pública de planificación en Costa Rica.
Con el fin de promover el crecimiento económico y la mejor distribución de los ingresos y servicios sociales que presta el Estado, el Ministerio de Planificación Nacional, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Planificación, tiene entre sus funciones la formulación, dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de planes y políticas de desarrollo.
En este sentido, resulta oportuno plantearse la interrogante de si la política pública de planificación en Costa Rica contribuye o no al logro de los fines y funciones establecidos en la ley de Planificación Nacional y en el reglamento sobre el Sistema Nacional de Planificación, para lo cual, es necesario determinar si la estructura organizacional del Mideplan responde a los fines y funciones establecidas en la normativa vigente.
Las funciones y la estructura organizativa de la política pública de planificación. Dado que la ley de Planificación Nacional estable que el fin fundamental del Mideplan consiste en promover el crecimiento económico y la mejor distribución de los ingresos y servicios sociales que presta el Estado, la estructura organizacional del Ministerio debería responder al logro de ese propósito sustantivo. Sin embargo, la estructura existente muestra un grado de dispersión con respecto a los fines establecidos en la ley, de tal manera que la organización actual del Ministerio comprende seis áreas distintas, las cuales son: Análisis del Desarrollo, Evaluación y Seguimiento, Planificación Regional, Inversiones, Modernización del Estado y Cooperación Internacional, pero no queda claro cuál es la contribución sustantiva de cada una de esas áreas al logro del fin establecido por la ley, más bien se observa la existencia de distintas unidades adscritas a cada una de las áreas mencionadas, lo que contribuye a la realización de una importante cantidad de actividades, aunque las mismas tengan un aporte reducido al cumplimiento de los fines y funciones, que dicta la ley de Planificación Nacional, con respecto al crecimiento económico y la mejor distribución de los ingresos y servicios sociales del Estado costarricense.
En este sentido, se cuenta con una estructura organizativa que tiene limitaciones o debilidades para potenciar el cumplimiento de la política pública de planificación, por lo tanto, la organización institucional contribuye a mantener el “círculo vicioso” del activismo, de hacer muchas actividades, en el corto plazo, con un alto grado de dispersión, y que tienen un aporte limitado al logro sustantivo de la política pública de planificación, la cual en esencia debería promover el desarrollo y la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la formulación e implementación de planes y programas que ataquen la pobreza, promuevan el crecimiento económico, la distribución de la riqueza y la disminución de la desigualdad en Costa Rica.
Principales planes utilizados en el marco de la política pública de planificación nacional vigente: los planes nacionales de desarrollo y los planes nacionales de inversión pública.
El Mideplan, en su condición de ente rector de la planificación en Costa Rica, lleva a cabo la formulación y gestión de planes, entre los cuales se encuentran los planes nacionales de desarrollo y los planes nacionales de inversión pública, los cuales han sido los más utilizados por el ente rector, como parte de la política pública de planificación, durante los últimos veinte años.
Planes Nacionales de Desarrollo. De acuerdo con Mideplan (2013b:82) el plan nacional de desarrollo es el marco orientador vinculante cuatrienal de Gobierno elaborado por MIDEPLAN, con apoyo de los órganos del Sistema Nacional de Planificación, que define las políticas, estrategias y prioridades de presupuestación de las instituciones del poder ejecutivo, en este sentido, se circunscribe o comprende las acciones de las instituciones públicas que forman parte de lo que se denomina el “Gobierno central”, dejando de lado el conjunto de instituciones autónomas y los gobiernos locales.
Meoño (2011:89) afirma que los planes nacionales de desarrollo en Costa Rica han sido “erráticos, mal sustentados y aleatorios”. La mayoría de los planes nacionales de desarrollo se apoyan en el programa de gobierno del partido que ganó las elecciones, por lo tanto, contienen las ideas, temas e intereses de unos pocos grupos que participaron en la elaboración del programa de gobierno, sin haber pasado por un proceso de validación y de amplia participación de los grupos organizados de la sociedad, tales como asociaciones cantonales de desarrollo, sindicatos, cámaras empresariales, organizaciones cooperativas, etc.
Además, Ordóñez (2013:194-195) sostiene que el plan nacional de desarrollo, como instrumento del Poder Ejecutivo, es el resultado de un decreto administrativo con una duración entre 3 y 4 años, es decir, no tiene el carácter estratégico y de largo plazo de una ley aprobada en la Asamblea Legislativa, lo cual hace que el proceso de planificación sea de corto plazo, intermitente y sin sostenibilidad estratégica como política pública.
Planes Nacionales de Inversión Pública. Estos planes constituyen un instrumento multianual de mediano plazo orientado a la operacionalización del Plan Nacional de Desarrollo, donde se define la situación actual de la inversión pública, las políticas y un conjunto de proyectos estratégicos que se integra a partir de los diversos esfuerzos que las instituciones públicas del gobierno central pretenden desarrollar a nivel nacional y regional, siendo del interés del Gobierno para lograr los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (Mideplan, 2013a:23).
Al igual que los planes nacionales de desarrollo, los planes de inversión pública son un instrumento de corto y mediano plazo, es decir, tienen un alcance entre 2 y 4 años, lo cual los caracteriza por su limitado alcance en términos de una visión de largo plazo, la cual está ausente en este tipo de planificación nacional. En términos generales los planes de inversión pública comprenden un diagnóstico de la situación del país, seguidos por la formulación de las principales acciones y proyectos prioritarios del gobierno para llevar a cabo en el corto y mediano plazo.
La política pública de planificación del Gobierno de Costa Rica está reducida a la formulación de los planes nacionales de desarrollo y de los planes nacionales de inversión pública de corto plazo, esto debido a que no existe la buena práctica de llevar a cabo la elaboración de planes nacionales de desarrollo sectoriales ni de planes nacionales estratégicos globales, con un alcance y una visión de largo plazo, que mediante la articulación de recursos, políticas y acciones contribuyan a lograr un mayor crecimiento económico y una mejor distribución de los ingresos y de la riqueza generada con la producción nacional.
Los planes nacionales de desarrollo y los planes nacionales de inversión pública se caracterizan por ser de corto alcance, en términos de los años de aplicación, entre 3 y 4 años, en cada uno de los gobiernos de turno. Lo anterior se suma al marco jurídico vigente que permite que dichos planes se apoyen en decretos ejecutivos, lo cual facilita que puedan ser derogados y sustituidos por el gobierno siguiente, esto produce un “círculo vicioso” de la política pública de planificación nacional, la cual no tiene un alcance ni una visión estratégica de largo plazo, debido a la frágil normativa jurídica en la que se apoya la política de planificación existente.
Principales desafíos de la política pública de planificación en Costa Rica.
Como romper el “círculo vicioso” de la política pública de planificación vigente en Costa Rica, caracterizado por unas normas jurídicas que determinan su alcance al corto y mediano plazo, por una estructura organizativa dispersa que concentra sus esfuerzos en realizar actividades en diversas unidades y áreas que contribuyen de manera limitada al cumplimiento de los fines que le dicta la ley nacional de planificación, y por unos planes nacionales de desarrollo y de inversiones públicas que se encuentran encadenados a unas normas jurídicas que limitan su alcance temporal y no van más allá del corto y mediano plazo. En resumen, lo que existe en Costa Rica es una política pública de planificación que responde a los objetivos y metas del gobierno de turno, el cual pretende llevar a cabo diversas acciones en el corto y mediano plazo, de 3 a 4 años, pero que no están integradas a una “visión estratégica” de largo plazo.
Consideramos que para romper este “círculo vicioso” se deben llevar a cabo ajustes en los aspectos jurídicos, en la estructura organizativa y en los planes nacionales de desarrollo, de tal manera, que se pueda construir un “círculo virtuoso”, en el cual esos elementos asociados a la política pública de planificación le permitan dejar de ser una simple “política de gobierno”, de tipo coyuntural, y logre alcanzar el estatus de una “política de Estado”, de tipo estructural, en otras palabras, una política pública de planificación nacional con una visión estratégica de largo plazo, que promueva el crecimiento económico, la adecuada distribución
de la riqueza y que contribuya en la disminución de la desigualdad entre los habitantes de la República de Costa Rica.
Hacia una reforma integral del marco legal de la planificación nacional que permita pasar de una política coyuntural de gobierno a una Política Estratégica de Estado en materia de planificación nacional. Las debilidades y vacíos existentes en la Ley de Planificación Nacional, no. 5525 de 1974, justifica y hace necesaria una reforma integral del marco legal existente en materia de planificación nacional, tal y como se encuentra contemplado en la propuesta de Ley Marco de Planificación, Presupuestación y Evaluación de la Función Pública, desarrollada en el seno de la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (Ordóñez, 2013:194 y Asociación Estudios para el Futuro, 2010) promovida por el Mideplan durante el período 2006-2010. El espíritu de esta propuesta, en materia de planificación nacional, lo que pretende es establecer una base jurídica que permita que los planes nacionales (de desarrollo, sectoriales, estratégicos, etc.) tengan una vigencia de 15 a 25 años, y que deberán ser aprobados por la Asamblea Legislativa, lo cual permite que se formulen objetivos estratégicos, metas e indicadores de política pública de mediano y largo plazo que ayuden a superar el ciclo político electoral, de naturaleza coyuntural. Además, con esta propuesta se busca establecer una mayor articulación y coherencia entre las funciones de planificación, presupuestación y evaluación de las políticas públicas desarrolladas por el Gobierno y sus instituciones en Costa Rica.
Hacia una reforma integral de la estructura organizativa encargada de la rectoría y gestión de la Política de Estado en materia de planificación nacional que promueva el logro de los fines de la política, tales como crecimiento económico, distribución de la riqueza y disminución de la pobreza y de la desigualdad. Con base en la propuesta de Ley Marco de Planificación, Presupuestación y Evaluación de la Función Pública se promueve que el Mideplan sea el ente rector en materia de planificación, presupuestación y evaluación de la gestión pública, para lo cual se le asignan las potestades de coordinar, solicitar información e integrar en una matriz general del Estado los diversos procesos de planificación desarrollados por los distintos entes de la Administración Pública, sean de carácter centralizados o descentralizado (Asociación Estudios del Futuro, 2010:53), con esta propuesta se le amplían las funciones al Mideplan y se le asigna la potestad de integrar estas tres funciones sustantivas que actualmente se encuentran dispersas y tienen un alcance limitado al corto y mediano plazo. Esto representaría una gran oportunidad para reestructurar la organización actual del Mideplan y concentrar sus acciones en actividades sustantivas que tengan un mayor impacto, en términos del desarrollo económico y social, en los cantones, regiones y a nivel sectorial y nacional.
Hacia una formulación y articulación de planes estratégicos con visión de largo plazo, tales como, planes nacionales de desarrollo de largo plazo, planes nacionales de desarrollo sectoriales, planes nacionales de inversión pública de largo plazo, planes estratégicos globales. Ordóñez (2013:35) afirma que en la administración pública moderna el Plan Nacional de Desarrollo es la guía estratégica que define las políticas públicas de un país en el largo plazo, por lo tanto, constituye un instrumento global de política pública de Estado, más que un simple instrumento coyuntural del gobierno de turno. En este sentido, la propuesta de Ley Marco de Planificación, Presupuestación y Evaluación de la Función Pública establece que el Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica comprenderá el conjunto integrado y sistémico de los Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial en cada una de las áreas estratégicas establecidas, tales como, educación, saludo, hábitat, producción, distribución, infraestructura, justicia y derechos humanos, trabajo y pensiones, entre otras. Además, los Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial deberán ser aprobados por 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa y comprenderá una estrategia de desarrollo nacional que comprenderá una articulación de políticas públicas para un período de, al menos, 15 años de extensión, pudiendo extenderse su plazo hasta 20 años. Por otra parte, los Planes Estratégicos Globales (PEG) serán los instrumentos de planificación de mediano y largo plazo de cada una de las instituciones públicas del Gobierno Central, instituciones autónomas, semiautónomas, así como del régimen municipal. (Asociación Estudios para el Futuro, 2010:31-42).
Tal y como se puede apreciar en la propuesta de la nueva Ley Marco de Planificación, existe la voluntad de integrar los procesos de planificación y de darles un alcance de mediano y largo plazo, lo que permitiría superar el “círculo vicioso” del corto plazo que existe en la actualidad en Costa Rica y lo cual impide un adecuado uso de los recursos y limita los resultados obtenidos en materia de crecimiento económico y social, además, esta situación contribuye a mantener los niveles de pobreza y de desigualdad que limitan el acceso a servicios básicos y condicionan la calidad de vida de los ciudadanos.
CONCLUSIONES
En este artículo se analizan los principales elementos constitutivos de la política pública de planificación en Costa Rica: aspectos legales, organizativos y tipos de planes nacionales. Debido a las debilidades existentes en estos tres elementos, es necesario que la Asamblea Legislativa incluya en su agenda de discusión el anteproyecto para la formulación de una ley marco de planificación, presupuestación y evaluación de la función pública, la aprobación de una nueva ley en materia de planificación que permita romper el “círculo vicioso” de tipo coyuntural que existe actualmente, abriría un espacio para una nueva Política de Estado en materia de planificación nacional en Costa Rica. De acuerdo con Godet (2007) la
planificación prospectiva está relacionada con la construcción del futuro, en este sentido, si deseamos construir el futuro de la sociedad costarricense, necesitamos llevar a cabo cambios en los instrumentos jurídicos, organizativos y de estilos de planificación que integren una política de estado en materia de planificación estratégica, que sirva de puente o instrumento para lograr los fines sustantivos, los cuales tienen que ver con la construcción de una mejor calidad de vida para los habitantes de la República de Costa Rica, a partir del combate a la pobreza y a la desigualdad que existe en nuestra sociedad.
La aprobación de una nueva política de Estado en materia de planificación nacional, serviría como un espacio de reflexión para las autoridades y funcionarios públicos con el fin llevar a cabo una ruptura de paradigma, centrado en el cortoplacismo, e iniciar un nuevo paradigma centrado en la “planificación con visión prospectiva”, es decir, en la construcción de una cultura de planificación de largo plazo, con planes estructurales que promuevan el desarrollo integral de las regiones marginadas, en aspectos sociales, de infraestructura, y de generación de fuentes de empleo y emprendimientos. En resumen, la aprobación de la nueva política de Estado en materia de planificación de largo plazo, serviría de instrumento o insumo para promover el desarrollo económico y social, sin embargo, requiere de un cambio en la forma de pensar y de actuar de los gobernantes y los funcionarios públicos, es decir, dejar de pensar sólo en acciones de corto plazo, y tomar la decisión de empezar a construir el futuro a partir de los planes y acciones de mediano y largo plazo, tal y como lo hacen los países más desarrollados del planeta.
REFERENCIAS
Asociación Estudios para el Futuro. (2010). Anteproyecto para la formulación de una Ley Marco de Planificación, Presupuestación y Evaluación de la Función Pública. San José, C. R.: ICG- Asociación Estudios para el Futuro.
Godet, M. (2007). Prospectiva estratégica: problemas y métodos. España: Prospecktiker.
Martínez, L. (2009). La planificación: concepto, evolución y funciones. ILPES-CEPAL.
Mideplan. (2013a). Marco legal sistema nacional de planificación de Costa Rica. San José, C.R.: Mideplan.
Mideplan. (2013b). Memoria institucional: 50 años de la planificación en Costa Rica. San José, C.R.: Mideplan.
Meoño, J. (2011). “Planificación del desarrollo en Costa Rica: lecciones de la experiencia”, Revista de Ciencias Económicas. 29: 51-141.
Ordóñez, J. (2010). Planificación, presupuestación y evaluación de las políticas públicas en Costa Rica. San José, C.R.: ICG-Asociación Estudios para el Futuro.
Ordóñez, J. (2013). ¿Cómo pasar de políticas de gobierno a políticas de estado en América Central? San José, C.R.: Instituto Centroamericano de Gobernabilidad.
Real Academia Española. (2015). Diccionario de la lengua española.
Subirats, J., et al. (2008). Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona: Ariel.